A 10 años de la Ley de Medios

A 10 años de la Ley de Medios

*Por Víctor Ego Ducrot


La ley número 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue una
de las experiencias de movilización social de mayor densidad de todas las
que se vivieron durante la década del kirchnerismo en el gobierno, y quizá
se encuentre entre las de mayor participación ciudadana en su proceso de
gestación, de la historia legislativa de los argentinos. Que los especialistas
lo confirmen o desmientan. A diez años de su sanción, tras cuatro de
soportar la pesadilla económica, política y cultural que significó la
reinstalación de la derecha bestial, de la mano de un lumpen empresario y
su pandilla, y al borde de, como todas las encuestas indican, un triunfo en
la urnas de la fórmula Alberto Fernández- Cristina, mucho preocupa que se
relativice por arriba, en términos debate púbico, aquello que constituyó el
núcleo vital de la Ley: la consagración de la Comunicación como un derecho
de los pueblos, protegido por el Estado. Lo que será tópico del presente
texto.
Lo primero que quiero señalar es que, como en tantos capítulos de la historia de las
reivindicaciones y luchas colectivas, la Ley que recordamos se sanciona en Argentina casi
como consagración de una antigua aspiración y de tantas iniciativas, como lo fueron por
ejemplo, y solo como citas entre otras posibles, la creación de las agencias nacionales de
noticias, como Telam, propuesta en 1945 por el secretario de Trabajo y Previsión, Juan
Domingo Perón, y varios años más tardes, en las luces primeras de la pasada década del
’60, el lanzamiento en La Habana de lo que fue la primera de las experiencias portentosas
de contra información – por sus objetivos globales -, la agencia Prensa Latina, a iniciativa
del periodista argentino Jorge Ricardo Masetti y desde los impulsos y apoyos brindados
por la dirección de la Revolución Cubana.
Deberían registrarse aquí otras alternativas referidas a intentos de regulaciones
democráticas en TV y radiofonía; y en lo que hace a los antecedentes por la propia Ley, las
movilizaciones durante años de comunicadores y académicos, nucleados las más de las

veces en foros y demás organizaciones; pero excedería la extensión y sobre todo el
objetivo de esta nota.
Sí en cambio resulta insoslayable el recuerdo de la militancia multisectorial en el Tercer
Mundo, en procura de los que se acordó en denominar Nuevo Orden Internacional de la
Información y la Comunicación, enunciado en 1973 durante la IV Cumbre de los
Movimiento de Países No Alineados (NOAL), en Argelia, que, como recuerda un artículo
publicado por el sitio Alainet el 15 de septiembre de 2015, puso en el centro del debate la
idea de que el flujo universal de noticias se había convertido en un factor político de
primer orden para todos los países subdesarrollados, dependientes. “Así dio comienzo
una manifestación importante de la lucha ideológica en el ámbito informativo, prolongada
con altas y bajas hasta el presente”, decía esa página digital.
El Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación fue un proyecto internacional
de reorganización de los flujos globales de información a través de distintas acciones de
gobiernos y de organizaciones sociales.
En 1980 se emite el famoso Informe Mac Bride, que postula un programa de
intervenciones públicas en el sentido de la redistribución y democratización de las
corrientes de producción y distribución comunicacional a escala mundial.
Al respecto de ese plexo de temas es recomendable la lectura del libro “Vernos con
nuestros propios ojos. Apuntes sobre comunicación y democracia (Fundación Editorial El
Perro y la Rana, Caracas, 2007) del ya legendario periodista uruguayo, director fundador
de Telesur, Aram Aharonian, cuya versión digital se encuentra en la Web de la Cátedra II
de Historia del Siglo XX, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
Algunos nombres a ser recordados
La militancia en pos del logro de la Ley tuvo epicentro en las oficinas del viejo COMFER,
desde la cual su último titular y luego primer presidente de la AFSCA, Gabriel Mariotto,
proveniente de la academia especializa, de la política barrial en Lomas de Zamora y de la
radiodifusión que muchos llamaron alternativa, se puso al hombre el trabajo colectivo
para llevar por todo el país la idea de que una legislación de esa naturaleza era (es) de
importancia central para el orden democrático. Pocos o ningún antecedente existe de las
realización de foros multisectorial a lo largo y ancho del territorio nacional – unos 200 –
para que el compromiso con el proyecto sea masivo, y que éste salga de los escritorios de
los asesores y los legisladores y sea tratado en las aulas, en las calles.
En el contexto de aquellos trabajos surgen nombres de compañeros y compañeras que
militaron junto a Mariotto en forma decisiva y en distintas etapas: la abogada Graciana

Peñafort, en la actualidad uno de los grandes cuadros del pensamiento jurídico del
peronismo, del campo popular; su colega Analía Elíades, de la Facultad de Periodismo de
la UNLP, entre las que más saben de Derecho a la Comunicación; Gustavo Bulla,
académico de la UBA, quien fuera una de las voces más enérgicas a la hora de hacer
docencia al respecto, junto a otra especialista de la misma Universidad Pública, Mariana
Baranchuk, y a Ernesto Espeche, ex director de la Carrera de Comunicación de la UNCUYO,
ex director de Radio Nacional/Mendoza y actual concejal kirchnerista en la capital de esa
provincia, entre tantos otros, y siendo consciente de que enunciar nombres siempre
encierra la injusticia de los olvidos inmerecidos.
Mariotto luego se desempeñó como vicegobernador de la provincia de Buenos Aire, hasta
diciembre de 2015. A aquella experiencia de los foros públicos desarrollada durante la
brega por la Ley la replicó en el ámbito provincial con encuentros multitudinarios de
vecinos, organizaciones sociales y centros de estudios, para discutir y proponer temas de
agenda pública en relación con cada una de las áreas de la gestión estatal. Fueron
elogiados por sus compañeros en el gobierno nacional y en el Congreso, incluso con
manifestaciones en el sentido de utilizar la metodología a escala nacional, lo cual nunca
sucedió.
Cuando los justos reclamos de los docentes, lanzó la idea, nunca antes ni después oída por
nuestras comarcas, de darle intervención al Estado en la regulación de los puertos y del
comercio exterior de la Provincia, con el objetivo de recaudar fondos destinados a la
educación pública. Intentó impulsar un programa de Soberanía Alimentaria, destinado a la
conformación de un sistema de producciones familiares y locales, en conjunción con
normas de comercio justo, en previsión de demandas populares insatisfechas. Impulsó el
informe senatorial sobre el crimen de la niña Candela Sol Rodríguez, una verdadera
primera guía sobre el sistema de complicidades entre los poderes del Estado y el crimen
organizado. Procuró intervenir contra el manejo estatal de ese crimen organizado en los
principales establecimiento penales.
Seguramente que por errores propios y de algunos de sus colaboradores y asesores, pero
también por el vacio que llegó desde los oficialismos, esos proyectos deambularon sin
grandes concreciones; y quizá la haya costado cierto ostracismo al militante que mejor
había interpretado el momento justo para democratizar la Comunicación.
Consideraciones necesarias
También por limitaciones o insuficiencias de la propia Ley, pero sobre por la incapacidad
del poder administrador de resolver en términos políticos el comportamiento faccioso de
lapicera fácil para los amparos de la corporación judicial – la misma que prohijó a los

Bonadío (s) y a los Stornelli (s), por citar dos nombres de repugnancia emblemática, y que
hoy trata de reacomodarse a los tiempos que seguramente se impondrán-, así como
también por el accionar embozado de algunos espacios del propio poder administrador,
aun presentes aunque camuflados entre apariencias democráticas, nacionales y
populares, aquella normativa que debió ser estratégica no logró los efecto que se había
propuesto.
No pudo avanzar en la desmonopolización y contra la concentración de la palabra; ni
lograr la plasmación de su espíritu distributivo, aquel de los tres tercios de las frecuencias,
uno para el sector público, otro para el comercial y el otro para las organizaciones libres
del pueblo.
Todo ese abanico de complejidades concurre a explicar, de alguna forma, cómo fue que el
lúmpen presidente y a sus secuaces les resultó tan fácil demoler todo en tan poco tiempo,
y no sólo en el ámbito de la Comunicación, claro está.
La Ley, hoy
Provocó cierto escozor que el candidato a la presidencia en la fórmula Alberto Fernández
– Cristina definiera no hace tanto a la Comunicación como un negocio. Y provocó cierta
tranquilidad que voces del mismo espacio, nada menos que la de Graciana Peñafort, haya
salido al cruce, respetuoso, pero al cruce al fin, de semejantes declaraciones de quien
fuera ungido por la ex presidenta como la figura que lleve a la Rosada al frente Todos, a
pesar de sus conocidas diferencias políticas de hasta no hace tanto tiempo; y le recordara
– Graciana a Alberto- algo tan claro como la naturaleza ontológica de la Comunicación y la
Información: un derecho de los pueblos.
La tradición democrático burguesa indica que, en tiempos electorales, lo evidente y
necesario es el debate, la polémica, no sólo entre adversarios sino al interior de los
propios espacios. Esa tradición está siendo demolida por las transformaciones
económicas, culturales y políticas del capitalismo / imperialismo globalizado como nunca
antes en la Historia.
Por razones múltiples e intrincadas, y que exceden a este texto, no se asoman proyectos
concretos de órdenes alterativos como los que con diferentes niveles de consolidación
emergieron durante el siglo XX. Todo ello nos lleva a ensayar la idea de que, mientras no
surja o existan ámbitos como los que acuñaron aquella expresión que se sintetizaba más o
menos en “dentro de la Revolución todo, fuera de la Revolución nada”, el debate abierto,
público, sin reconocimientos indebidos a organizaciones que no son tales, siempre será
constructivo a futuro.

Es en se contexto que han surgido recientes voces con la idea de que, la Comunicación es
tanto derecho como negocio, una falacia de corto alcance, puesto que en el tiempo y el
espacio histórico de la más estricta contemporaneidad, la puja justamente es esa, como
lograr que lo público en tanto ciudadano y no como consumidor, contenga, regule, las
inclemencias que para los contingentes sociales mayoritarios conllevan las impunidades
del mercado, tanto en cuanto a la Comunicación como a otras tantas materias que son
sustancia de derechos.
En atención a las nuevas instancias que ofrecen los campos de la política, la cultura; al
decurso mismo de la construcción de subjetividades e identidades colectivas e
individuales, y al vértigo de innovaciones tecnológicas, una nueva Ley, heredera de aquella
conquista, debería reconocer la urgencia de adecuaciones al escenario actual. Pero lo
indispensable, hasta me atrevo a afirmar, lo inmodificable, pasa por insistir en que el
concepto de derecho debe prevalecer, y no conformar la materia de tantas veleidades y
tendencias intelectuales hacia retruécanos teóricos.
Por último, la centralidad de Comunicación como derecho, es, seamos contundentes, una
necesidad política: la relativización de la idea de derecho ha sido siempre la antesala del
dolor colectivo.

(*) Víctor Ego Ducrot es Doctor en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP). Profesor titular de Historia del Siglo XX (Cátedra II) en la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social de la UNLP, donde también tiene a su cargo seminarios de posgrado
sobre Intencionalidad Editorial (Un modelo teórico y práctico para la producción y el análisis
de contenidos mediáticos); y la cátedra Análisis y Producción Crítica de Narrativas sobre
Delito y Violencia, en la maestría Comunicación y Criminología Mediática. Director del sitio
AgePeBA.