El Derecho a la Salud, búsqueda central del proyecto de país

El Derecho a la Salud, búsqueda central del proyecto de país
DERECHO A LA SALUD

La disyuntiva principal acerca de la salud, a nivel mundial, es si ésta debe ser un bien social tutelado fuertemente por el Estado o un bien de mercado que se rija por las leyes que éste impone. Un país que tenga un proyecto vital, que le permita pensar en un futuro promisorio e inclusivo, no puede dejar de lado garantizar el derecho a la salud. Por esto, entendemos que no es suficiente con gestionar con una visión humanitaria y esforzada a la realidad sanitaria Argentina, es necesario generar las condiciones políticas que permitan realizar una transformación mucho más profunda. Cuando proponemos una reestructuración del sistema de salud argentino, lo hacemos bajo el paraguas conceptual de la salud como derecho y no como oportunidad de negocios.

La reestructuración o reordenamiento del sistema de salud argentino es un imperativo si de lo que se trata es garantizar un acceso a los servicios de salud para todos los ciudadanos, con equidad y eficacia. Tras la revolución sanitaria que se dio durante los gobiernos de Juan Domingo Perón en el período 1946-1955 dirigida por Ramón Carrillo, hubo dos oportunidades en las que se intentó reordenar el sistema: una en el año 1974 con el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNS) creado por ley 20.748 (ley Liotta) durante el tercer gobierno de Perón. Otra fue en 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín con el Dr. Aldo Neri como principal inspirador a través de la sanción de la Ley 23.661 que creaba el Sistema Nacional del Seguro de Salud (SNSS). Ambos intentos quedaron en la nada: el primero por el advenimiento de una nueva dictadura cívico-militar que lo discontinuó (a pesar de que en las cuatro provincias en las que comenzó a ejecutarse dejó una huella); y el segundo por el abrupto y traumático final del gobierno radical de Raúl Alfonsín. En ambos casos y, más allá de defectos y virtudes, hubo enormes presiones para que no se avanzara hacia un Sistema Integrado y poderosos “lobbys” representantes de diferentes intereses sectoriales estuvieron en contra.

 

En la década de los 90, en consonancia con las recomendaciones liberales del llamado Consenso de Washington, aparecieron los planes del Banco Mundial que operaron sobre el ahorro interno genuino de los trabajadores y los aportes solidarios de salario diferido que se dirigen a la atención de la salud de activos y pasivos, estos últimos con los aportes de los trabajadores económicamente activos. En este período se afectó severamente el financiamiento de la seguridad social en nuestro país, en todos sus aspectos, a partir del retiro del estado y la apertura a los negocios de capitales privados. Entre las normativas que marcaron esa etapa podemos enumerar:

1. Decreto 576 de 1993 que modifica la reglamentación del sistema de Obras Sociales (23.660) y del Sistema Nacional del Seguro de Salud (23.661) profundizando el proceso de desregulación de las mismas a través de la posibilidad de la “libre opción” de los afiliados. 

2. Ley 24.241 de 1993 de creación de las AFJP que comenzó el “descreme previsional” a través de la instrumentación obligatoria del sistema de “capitalización” para los aportes previsionales de los trabajadores por parte de aseguradoras privadas.

3. En 1994 se proclamó la Constitución Nacional, de corte liberal, que fragmentó el subsector público de la salud provincializando los hospitales y municipalizando el Primer Nivel de Atención en la Provincia de Buenos Aires y la de Córdoba, lo que no sólo contribuyó a debilitar la gobernanza del sistema público sino que también facilitó la entrada de actores privados en los sistemas públicos.

4. Decreto 292 de 1995 por el que se disminuyeron los aportes patronales a las Obras sociales del 7 al 6 % para disminuir costos empresarios y se le transfirieron a la DGI (actual AFIP) la recaudación y fiscalización de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución hasta entonces en manos de las obras sociales.

5. En ese mismo año, el Banco Mundial aprobó un crédito de u$s 600 millones para tres tramos de 200: a) desregulación de obras sociales, b) gerenciamiento del PAMI y c) regulación de las prepagas.

6. Ley 24.557 de riesgos del trabajo del año 1996 que privatizó la Higiene y Seguridad en el Trabajo, creando las ART.

7. Decreto 446 del año 2000, que desreguló definitivamente el subsector de las Obras Sociales permitiendo que las empresas de medicina prepaga captaran millones de afiliados de altos ingresos desfinanciando al sistema solidario.

 

Durante este período comenzó a producirse una enorme desorganización del sistema de salud argentino, proceso que no ha cesado hasta hoy y que el actual gobierno de Cambiemos, se dispuso a profundizar con el objetivo final de debilitar al extremo al subsector público y consolidar la privatización de la salud a través del avance de los sistemas de aseguramiento, sean estos financiados con recursos públicos, de particulares o institucionales (empresas, obras sociales) como así también, con el aumento del gasto de bolsillo (pagos directos) de los ciudadanos.

 

Un momento político propicio para el debate es necesario:

 

Desde 1988, no se ha vuelto a poner en agenda de debate este tema y la fragmentación del sistema de salud argentino se ha profundizado. Un sistema fragmentado es, además de ineficaz e ineficiente, un extraordinario caldo de cultivo para el “negocio de la salud”. La debilidad estructural que deriva de no tener un sistema homogéneo y gobernable, es la principal causa de que la relativamente importante inversión en salud de nuestro país no obtenga mejores resultados.

En un momento político como el que estamos viviendo, mientras que una renovada y virulenta restauración de corte conservador-neoliberal empeora seriamente la calidad de vida de la mayoría de la población, las políticas sanitarias están enmarcadas en ese mismo sentido. Se observa un abrupto retiro de las políticas nacionales de salud que sustentaba el Ministerio de Salud de la Nación, un traspaso de responsabilidades a las provincias que, carente de recursos, no pueden afrontar las acciones de prevención, promoción, atención y rehabilitación. Estamos ante un proceso de disgregación terminal que el gobierno pretende disimular con un Plan de Cobertura Universal (CUS) en Salud. Este Plan, aunque hasta el momento también fracasaron en su aplicación, es un nuevo intento de debilitamiento del Estado en su rol de rectoría, una mayor dispersión y fragmentación, una pérdida de protagonismo del sub sector público hospitalario y del primer nivel de atención, un aumento importante del gasto de bolsillo de los ciudadanos, una mayor precarización de los trabajadores de la salud, una mayor judicialización, una mayor inequidad en el acceso.

Sin cambios estructurales, la situación actual va a empeorar. Las experiencias de seguros de salud han resultado ruinosos para la salud pública siempre. Basta con observar cómo funcionó este modelo en Colombia desde que se instrumentó en 1993 o, más cerca aún, en la provincia de Córdoba en el año 1995 o en la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2007, donde el cierre de camas y capacidad operativa de los hopitales de la CABA es equivalente al cierre de 5 de ellos. 

Como requisito determinante para imponer esta CUS, el Poder Ejecutivo Nacional envió al parlamento el proyecto de ley de creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias con el argumento de hacer un uso racional de las mismas. Este criterio es correcto cuando el uso de una tecnología se autoriza o no para todos los ciudadanos en base a un análisis de costo-efectividad, pero no cuando se impone un uso discriminado por sectores sociales, tal como hace el proyecto oficial: crea una “canasta básica de prestaciones” para quienes tienen cobertura pública exclusiva y limitaciones al Programa Médico Obligatorio que establece las prestaciones que las Obras Sociales deben darle a sus afiliados o las empresas de Medicina Pre Paga a sus asociados con planes básicos. Los ciudadanos sin obra social o pre paga encontrarán que en el hospital público donde se atienden deberán pagar prestaciones que excedan la “canasta básica” establecida por esta Agencia. Los poseedores de O.S. o pre paga, verán restringidos prestaciones que hoy son cubiertas por aquellas. Pero como esa tecnología estará registrada en el país, se segmentará más a la sociedad en cuanto a su capacidad de pago ya que al estar disponible, seguirá siendo prescripta por los profesionales, generando serias inequidades entre quienes puedan acceder o no. Aumentará la inequidad en el acceso pero también el gasto de bolsillo porque la salud es un bien “inelástico”, que se prioriza sobre otros bienes o necesidades. Y aumentará la judicialización para el acceso, porque el derecho a la salud existe con rango constitucional y muchos de quienes no puedan pagar, utilizarán esa vía. Nada de eso es bueno si lo que se pretende es un sistema equitativo, eficiente, eficaz y racional. 

 

Directrices para el nuevo sistema de salud

 

Poder definir normativamente cuáles serán las acciones que se deberán llevar adelante para garantizar la transformación que el sistema de salud necesita es no solo aventurero, sino deshonesto intelectualmente. Cualquiera podria esgrimir estrategias que resulten perfectas en los papeles, pero habrá que ver si son factibles y si efectivamente resuelven los problemas del pueblo. Sin embargo, luego de poner en común el diagnóstico de la situación en la que nos encontramos -siempre desde el punto de vista del sistema-, es dable proponer una serie de enunciados principales que puedan organizar el proyecto sanitario. Para identificarlo más fácilmente podemos bautizarlo somo Sistema Nacional Intergrado de Salud Argentino (SNISA).

 

  • Reestructuración financiera: Los tres subsectores existentes (publico, obras sociales y privado) deben articulares, de manera que aquellos que no estan relacionados con la ganancia empresarial, es decir los publicos estatal y de la seguridad social, pueden potenciarse fuertemente mediante una coordinación que favorezca a ambos financiera y prestacionalmente. La mayor red de servicios de salud en el pais, en cuanto a su complejidad, cantidad y distribución, es la pública.
  • Reorganización jerárquico y administrativa: Si bien siempre es bueno que los actores locales tengan capacidad de insidir en las políticas sanitarias de sus territorios, es indispensable que exista una coordinación vinculante entre los sistemas provinciales, municipales y nacional. 
  • Modelo de atención integrado: La estrategia de la Atención Primaria de la Salud (APS) sigue siendo la mejor y más eficaz en el mundo. Es decir que hay necesario volcar recursos y jerarquizar el primer nivel de atención (PNA), el barrial, en donde se atienden las problemáticas en comunidad. El Estado Nacional deberá proponer un fuerte sistema nacional del primer nivel de atención con equipos interdisciplinarios de salud y políticas públicas de alcance nacional, que lleguen a cada uno de los 7000 centros de salud del país, donde trabajarán en función de las coordinaciones locales, municipales o provinciales según el caso. La población debe estar integrada en un único sistema de salud, con historia clínica única e informatizada, y tener un equipo de salud responsable. Además de un PNA es importante que el Estado Nacional garantice el tercer nivel, es decir el de mayor complejidad. El sistema de hospitales SAMIC como el Hospital Garrahan o Néstor Kirchner de El Cruce han demostrado ser excelentes modelos de integración entre la nación y la provincia. En cada provincia, o más en las más pobladas, debe haber un hospital de estas características que permita desarrollar una red nacional de alta complejidad.
  • Salud laboral: Es indispensable la recuperación de los fondos destinados a garantizar las prevención, la atención y la reparación de las enfermedades laborales. Es además necesario comprender que no hay trabajos insalubres sino ambientes laborales no adaptados al trabajo humano, y que los lugares de trabajo es donde la mayoría de los lxs trabajadores pasamos la mayor parte del tiempo, por lo que la APS debe centrarse también en la salud laboral.
  • Política nacional de tecnologías sanitarias y medicamentos: El uso racional de las tecnologías y medicamentos es imperativo, no solo por el excesivo costo sino porque mal utilizadas están produciendo más daño del que evitan. Es necesario reforzar la capacidad del Estado Nacional de negociar fuertemente su precio y uso. La producción nacional es estratégico para el desarrollo de productos con valor agregado a la vez que sustituye importaciones. Finalmente la producción pública de medicamentos, no solo de aquellos que no son un negocio para el privado, sino también de aquellos que puedan ser un peligro para la soberanía sanitaria en caso de que su accesibilidad se vea restringida: alto costo, tecnología de avanzada, vacunas, etc. 
  • Fuerza laboral: La formación de lxs trabajadores de la salud es estratégica, la presencia en todo el territorio nacional de universidades con capacidad de formar a la fuerza laboral en la clave de la soberanía sanitaria, tanto en grado como en postgrado, es un objetivo que nunca debe abandonarse. La investigación en servicios, la articulación científico tecnológica deben ser parte de las influencias en la formación continua. El sistema universitario y el científico tecnológico aplicado a la salud debe ser parte permanente de las reuniones del Consejo Federal de Salud.
  • Participación popular: La única garantía para que la salud no se despegue de la continua búsqueda de mejorar las condiciones del pueblo es que el pueblo tenga la posibilidad permanente de participar en la toma de decisiones del sistema y de los diversos prestadores de servicios de salud. La participación debe ser activa, vinculante y legitimada.

 

 

Este punteo de apenas algunas ideas centrales se ven cada vez más como un imperativo para buscar la justicia social, razón de nuestras vidas y militancia. Sin embargo, huelga aclararlo, para poder tomar tan significativas decisiones en la vida social argentina es necesario tener independencia económica y soberanía política.