LAS NUEVAS ARMAS DEL PODER NEOLIBERAL: EL “LAWFARE” Y LAS “FAKE NEWS”

LAS NUEVAS ARMAS DEL PODER NEOLIBERAL: EL “LAWFARE” Y LAS “FAKE NEWS”

LAS NUEVAS ARMAS DEL PODER NEOLIBERAL: EL “LAWFARE” Y LAS “FAKE NEWS”

Se sostiene que la información es poder; que quien la posee detenta el poder.

En los nuevos tiempos que corren, está máxima ha perdido toda vigencia. Hoy en día no es necesaria la información para gobernar.

El término “información” alude a datos certeros de la realidad. Estos datos, actualmente, no son necesarios, ya que aquellos que no se tienen o no convienen, se inventan o modifican.

Esta tergiversación y/o invención de datos de la realidad, es el arma predilecta utilizada por los políticos de la derecha neoliberal en Latinoamérica, para erradicar y neutralizar a sus opositores (enemigos) políticos. De esta manera es más sencillo, ya que, contrariamente a lo que hacían antes, no necesitan tomar el poder por la fuerza.

Para conocer el origen de estas prácticas ilegales, debemos remontarnos a 1945 a los Estados Unidos, donde se desarrolló la doctrina de la Seguridad Nacional, otorgándole a las Fuerzas Armadas latinoamericanas un nuevo rol: el de tomar el poder por la fuerza, para perpetuarse en ese poder y controlar todos los aspectos de la vida social, política y económica de los países considerados “subversivos”.

Retrotrayéndonos en el tiempo, hacia finales de la década del 50 y hasta los 70, es dable destacar que, desde México hacia el Cono Sur, en todos los países hubieron distintos movimientos revolucionarios, que cuestionaban ideológicamente la dominación socio-económica que se pretendía desde aquel país del Norte y que era apoyada por los gobernantes cipayos de turno.

Se derrocaron a partir de este adoctrinamiento, los gobiernos que estaban a favor de la democracia y del pueblo, instaurando verdaderas dictaduras del terror.

Hoy, con la llegada al territorio latinoamericano de gobiernos progresistas, la derecha neoliberal, debió buscar otra estrategia para eliminar a sus adversarios.

Recordemos que por un momento, gran parte del continente se encontró en manos de gobiernos populares: Fernando Lugo en la República del Paraguay; Luiz Inácio Da Silva en la República Federativa del Brasil; Rafael Correa en la República del Ecuador; Michelle Bachellete en la República de Chile; José Alberto Mujica en República Oriental del Uruguay; Hugo Chávez en la República Bolivariana de Venezuela, Juan Evo Morales en el Estado Plurinacional de Bolivia y Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la República Argentina.

De acuerdo con el analista político Germán Gorraiz López, en su columna Involución en América Latina (https://puntocritico.com/2018/08/15/lawfare-la-judicializacion-de-la-politica-en-america-latina/), el Trienio 2018-2020 supondrá la irrupción en el escenario geopolítico de América Latina de una nueva ola negra involucionista que consistirá en la implementación de “golpes de mano blanda” con el objetivo inequívoco de sustituir a los regímenes insensibles a los dictados de Washington (…) por regímenes autocráticos tutelados por EEUU.

Sostiene con claridad el mencionado autor “Tras la fachada neoliberal de la Alianza del Pacífico se escondería un refinado proyecto de ingeniería geopolítica cuya finalidad última sería dinamitar el proyecto político-integracionista representado por la UNASUR e intensificar la política de aislamiento de los Gobiernos progresista-populista de la región, en especial de Venezuela tras quedar huérfana del alma mater de la Revolución Bolivariana (Chávez) así como finiquitar el proyecto integrador económico del MERCOSUR, proceso de integración económico creado en 1991 tras la firma del Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay al que posteriormente se habría incorporado Venezuela como Estado parte, quedando Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Surinam y Guyana como “Estados asociados”

Esta unión y esta hegemonía popular que tanto costó instaurar, la derecha neoliberal, la fue rompiendo, acudiendo a novedosas armas de guerra jurídica: el “lawfare” y su vehículo que son las “fake news”.

El “lawfare” puede ser definido como una persecución política por la vía judicial. Esta persecución tiene como objetivo la expulsión/aniquilación de sectores, personalidades y proyectos de la esfera política formal; es decir, “eliminar al adversario por la vía judicial”. (Silvina Romano y Arantxa Tirado, “Lawfare y guerra híbrida: la disputa geopolítica en América Latina).

Menos costos políticos se requieren para emprender una guerra legal contra los opositores políticos, ya que simplemente se precisa reclutar jueces obsecuentes y mercenarios del poder político neoliberal y medios de comunicación afines, iniciando así una contienda en el plano legal, mediante el armado de causas, que luego se difundirán y avalarán por medio de las “fake news”.

Es en este entendimiento que el “lawfare” precisa tener un medio de comunicación a fin, para que transmita lo que yo “necesito crear como información para destruir a mi adversario”.

De acuerdo con la definición de “lawfare” que le da el propio Instituto de Lawfare, creado en 2017 en Sao Paulo, contra la ilegal persecución de Lula Da Silva, se sostiene que el término importa: “El mal uso y abuso de la ley con fines políticos y militares. Es la unión de las palabras “ley” (law) y “guerra” (warefare), ya que es una guerra legal.

El término guerra legal fue creado en 2001 por el General Mayor del ejército de Estados Unidos, Charles Dunlap, y ha sido estudiado desde entonces en importantes universidades como Harvard.

Lawfare es un arma poderosa para luchar contra enemigos políticos, combinando acciones aparentemente legales y una amplia cobertura de los medios. La idea es avergonzar al enemigo hasta el punto en que se vuelvan extremadamente vulnerables a las acusaciones sin fundamento. Una vez debilitados, pierden el apoyo popular y cualquier poder de reacción.

En este sentido, las “fake news”, son un conjunto de publicaciones intencionadamente dirigidas a la destrucción política de determinados actores, publicadas en medios de prensa que colaboran con la gestión de los gobernantes de turno que las requieren.

Por su parte, sostiene el profesor Cándido Marquesán Millán, en un artículo publicado el 10 de agosto de 2018 en https://www.nuevatribuna.es/opinion/candido-marquesan-millan/lawfare-judicializacion-politica-america-latina/20180810122926154724.html, que: Los aspectos fundamentales del Lawfare son: 1) El rol del Poder Judicial: El PJ se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes. Es el único que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad. Se persiguen objetivos similares a los que otrora buscaban las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses. Lo hacen a través de “expertos”, que manejan un lenguaje técnico objetivo (el lenguaje jurídico), que se jacta de no estar “contaminado” por la política.  2) Ajuste estructural y lucha anti-corrupción: El proceso de recorte del Estado y lo público impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales y organismos bilaterales estadounidenses desde principios de los ’80 en América Latina, incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la “ineficiencia del Estado”. Se sostiene que la corrupción en el Estado debe ser extirpada apelando a las “buenas prácticas” del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la “lógica” de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos” (léase: militantes, gente con trayectoria en partidos políticos), apostando a la formación de técnicos (apolíticos).

La persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público.

En los últimos años, la “guerra contra la corrupción” ha sido el discurso enarbolado por los gobiernos neoliberales, quienes se colocan del lado de la “ley”, comprometidos a acabar con la malversación de fondos estatales, con el derroche y la ineficiencia de los años de progresismo.

El hecho de que la mayoría de procesos judiciales, sentencias, denuncias o insinuaciones por casos de corrupción, se concentren en ex-mandatarios o mandatarios latinoamericanos de gobiernos populares (aunque no exclusivamente), da pistas de que nos encontramos ante una novedosa estrategia de disputa geopolítica.

La experiencia en Brasil que culminara con la detención del ex mandatario Inácio “Lula” Da Silva, es un claro ejemplo de ello.

Llamativamente el Juez que condeno a “Lula”, Dr. Moro, fue nombrado Ministro de Justicia, quien mientras era juez, decía que nunca iba a aceptar un cargo político. Recientemente se conoció que el mismo sería propuesto por el presidente Bolsonaro como Ministro de la Corte Suprema de aquel país.

En Argentina, la persecución contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner ha sido feroz, producto de la proliferación de los medios de comunicación oficialistas, a través de un poder judicial absolutamente permeable, mediante el sometimiento a múltiples causas judiciales.

Sin embargo, la República no está perdida (aún). Recientemente y a instancias de un juez que ha sabido enfrentarse valientemente al poder, se  ha develado la existencia de una asociación ilícita, conformada por Magistrados, Fiscales, Periodistas, otros funcionarios públicos y terceras personas, que operaba en Argentina y en el exterior, justamente en el armado de causas a opositores políticos, en su mayoría kirchneristas.

La causa 88/2019, que tramita ante el Juez Federal de Dolores Dr. Alejo Ramos Padilla permitió verificar extorsiones, armados de causas, espionaje ilegal en connivencia con agentes o presuntos agentes de inteligencia para perseguir y amedrentar a opositores al gobierno.

Esta causa expone públicamente lo que venimos afirmando la estrategia del lawfare y cómo interactúan los distintos operadores del poder político, judicial y de los medios de comunicación.

Entre las víctimas de aquella causa, me ha tocado intervenir como abogada defensora, del Sr. Roberto Porcaro.

El mismo, fue intencionalmente involucrado en la causa denominada "La ruta del dinero K", la cual es instruida por el Fiscal José María Campagnoli, endilgándole un supuesto pago de un millón de dólares a cambio de su gestión en la adjudicación de un sector del puerto de Quequén, a distintas empresas.

A la hora de formular su denuncia, el Fiscal Federal de Comodoro Py, realizó una insólita denuncia penal, basada en múltiples recortes periodísticos, publicados en diversos medios de prensa, donde se vinculaba al Sr. Roberto Porcaro con distintos personajes del anterior gobierno kirchnerista y maniobras ilícitas vinculadas a la adjudicación de obras públicas.

En este caso, el lawfare tuvo la siguiente particularidad: primero la denostación (a través de calumnias e injurias) por medios de prensa oficialistas, luego la utilización de éstas “fake news” para fundar la apertura de una investigación penal en su contra. Una vez iniciada la causa, nuevamente los medios cumplen un papel primordial, manteniendo la denostación pública del acusado, publicando titulares carnada o “clickbates”, “ informando” avances judiciales inexistentes.

Así comenzaron a publicarse en diarios hegemónicos falsas noticias de allanamientos realizados en el domicilio del denunciado, con secuestros de sumas grandilocuentes de dólares, como así también supuestos informes del Fisco denunciando irregularidades en la declaración de su patrimonio.

Con todos estos datos, inexistentes en el expediente, los medios van formando la opinión pública que tendrán amplios sectores de la sociedad acerca de esta persona y por transferencia, al partido político con el que se lo asocia, que es en definitiva el objetivo estratégico a destruir.

 

Claramente, debemos como sociedad adoptar una postura crítica en cuanto a aquella información que se nos presenta como “real”.

Empaparnos de la realidad política y socioeconómica del país y comprender los intereses que se encuentran en juego.

Comprendamos que por vías ilícitas se está buscando modificar el mapa económico de estos países: Se busca suplantar y torcer la voluntad del pueblo mediante engaños, para instaurar verdaderas democracias de baja intensidad, sumisas a los intereses de los Estados más poderosos.

En conclusión, se torna imperioso analizar el fenómeno del “lawfare” y que su repentina aparición simultánea en toda Latinoamérica, no es causal, sino evidentemente intencional.