SOBERANIA DE LOS PUEBLOS SOBRE SUS RECURSOS NATURALES

SOBERANIA  DE  LOS  PUEBLOS  SOBRE  SUS  RECURSOS  NATURALES

Apenas  fundada la  Organización de  Naciones Unidas (ONU)  se planteó el debate sobre  la soberanía de los pueblos  y los estados nacionales sobre  sus recursos naturales. En función  de ello y en sucesivas reuniones se  adoptaron una serie de medidas.

Las  Resoluciones   de la Asamblea   General de la ONU    523  del  12 de  enero de   1952, 626  del 21   de diciembre   de 1952, 131   del   12 de  diciembre de  1953 por la  que se creó la   “Comisión de la Soberanía   Permanente sobre los Recursos   Naturales”; 1515  del  15 de  diciembre  de 1960, que  recomienda “que  se respete  el derecho soberano  de todo Estado a disponer de su riqueza   y de sus recursos naturales”   y 1803  del  14 de diciembre   de 1962, reconocen  el derecho inalienable  de los países y pueblos    sobre sus bienes naturales.    Sobre todo esta última es clarísima.    Establece que cualquier medida tomada con respecto    a la recomendación de la Resolución  1515  “debe  basarse  en el reconocimiento  del derecho inalienable  de todo Estado a disponer libremente  de sus riquezas y recursos naturales  en conformidad con sus intereses nacionales,  y en el respeto a la independencia económica de  los Estados,”…… “los acuerdos económicos y financieros   entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo   deben basarse en los principios de igualdad y del derecho de los  países y naciones a la libre determinación.” … “… la prestación de  asistencia económica y técnica, los préstamos y el aumento de las inversiones extranjeras  deben llevarse a cabo sin sujeción a condiciones que pugnen con los intereses del Estado  que los recibe.”…. “…. El ejercicio y el robustecimiento de la soberanía permanente de los  estados sobre sus riquezas y recursos naturales fortalecen su independencia económica.”   Determina  en los Artículos  1: “El  derecho  de los pueblos  y de las naciones   a sus riquezas y recursos  naturales debe ejercerse en  interés del desarrollo nacional  y del bienestar del pueblo del respectivo  Estado.”;   2:   que toda  tarea de exploración  y desarrollo de los recursos  deben conformarse a las reglas  y condiciones que los pueblos y naciones  imponen;  :  que  las empresas  extranjeras se  regirán por  “la  ley nacional  vigente y el derecho internacional” y  no deben  “restringir  por ningún motivo  la soberanía de tal   Estado sobre sus riquezas  y recursos naturales;  4:  “La nacionalización,  la expropiación o la requisición   deberán fundarse en razones o motivos  de utilidad pública, de seguridad o de interés nacional,  los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular  o privado, tanto nacional como extranjero… En cualquier caso en  que la cuestión de la indemnización dé origen a un litigio, debe agotarse  la jurisdicción nacional del Estado que adopte esas medidas.”; 5:   “El ejercicio  libre y provechoso  de la soberanía de los   pueblos y las naciones sobre  sus recursos naturales debe fomentarse  mediante el mutuo respeto entre los Estados  basado en una igualdad soberana.”; 6: “La   cooperación internacional en el desarrollo económico  de los países en vías de desarrollo ….se basará en el  respeto de su soberanía sobre sus riquezas y recursos  naturales.”;  7:   “La violación  de los derechos  soberanos de los pueblos  y naciones sobre sus riquezas  y recursos naturales es contraria  al espíritu y a los principios de la   Carta de las Naciones Unidas y entorpece   el desarrollo de la cooperación internacional y   la preservación de la paz.”; 8: “… los Estados y las   organizaciones internacionales deberán respetar estricta y escrupulosamente   la soberanía de los pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos   naturales de conformidad con la Carta y los principios contenidos en la presente  resolución.”

Toda  estas Resoluciones    están por encima de las  leyes nacionales y determinan  que éstas deben ajustarse a ellas .  A la luz de ellas las privatizaciones   y enajenación de patrimonio nacional y de  recursos naturales a cambio de préstamos; las  exigencias impuestas en los Tratados Bilaterales,  Regionales, Supranacionales de Libre Comercio e Inversión;  la aceptación de las Cortes de Nueva York, Londres, el CIADI  (funciona dentro de la sede del Banco Mundial en Washington, es  un Departamento del mismo y sus jueces normalmente son los abogados  de las empresas transnacionales contra las cuales pleiteamos) y otras,  son ilegales, ilegítimas e inconstitucionales. La Carta  Mundial  de la Naturaleza,  adoptada   por la ONU  el 28 de octubre  de 1982, en su 48ª  Reunión Anual, reconoce    a los Estados el ejercicio permanente  de la soberanía sobre sus recursos naturales.

La  Resolución  1.803 fue  invocada  por Kuwait  en 1977 para  recuperar su petróleo;  por los gobiernos venezolano  y boliviano para recuperar sus  recursos naturales; es uno de los  fundamentos para ratificar la soberanía  de los pueblos argentino, brasileño, paraguayo  y uruguayo sobre el Acuífero Guaraní en el Acuerdo  Marco firmado el 2 de agosto de 2010 en la Reunión del  MERCOSUR llevada a cabo en San Juan, que fue ratificado por  el Congreso de la Nación el 31 de octubre de 2012; y de los países  que integran UNASUR, donde los recursos naturales son la columna vertebral  de la organización, tal como fue establecido por la Secretaría General el 30  de noviembre de 2012. Sólo hace falta voluntad política para aplicarla en nuestra  Patria y recuperar lo que es nuestro. Hay que preguntarse ¿Por qué será que todas   estas Resoluciones permanecen en el silencio y el olvido y de ellas no se habla? Tenemos  las herramientas a nivel internacional para recuperar lo que es nuestro. Recordemos que desde  el año 1975 comenzó el proceso de desnacionalización y despojo de nuestros recursos naturales y  ese camino no se ha detenido. Sólo se necesita voluntad política y el firme deseo de concluir victoriosamente  nuestra lucha independentista iniciada hace dos siglos.

El  21 de  octubre de  1946 el Presidente  Juan Domingo Perón, al  presentar el “Plan  Quinquenal”  expresó  en su Discurso:

“….  Debemos  pensar en  la necesidad  de organizar nuestra  riqueza… que hasta el  presente ha ido a parar  a manos de cuatro monopolios   mientras los argentinos no han podido  disfrutar siquiera un mínimo de esa riqueza.  ¿Quién va a organizar nuestra riqueza? ¿Los monopolios?   Se habla de economía dirigida, y yo pregunto ¿dónde está la  economía libre? Cuando no la dirige el Estado, la dirigen los  monopolios, con la diferencia de que el Estado puede repartir los  beneficios de la riqueza entre catorce millones de argentinos mientras  los monopolios lo hacen para ir engrosando los inmensos capitales de sus  casa matrices, allá lejos en el extranjero…..”

 

Tres  años más  tarde la Constitución  Nacional de 1949  establecía  en su Artículo  40:  “Los  minerales,  las caídas de  agua, los yacimientos  de petróleo, de carbón  y de gas, y las demás fuentes  naturales de energía, con excepción  de los vegetales, son propiedades imprescriptibles  e inalienables de la Nación,  con  la correspondiente  participación en su  producto, que se convendrá  con las provincias.”

Era  una verdadera  revolución en el  tratamiento de los  recursos naturales y  estratégicos. Estos adquirían  el carácter de bienes públicos  de la Nación y en palabras del  miembro informante Doctor Arturo Sampay  “no  se pueden  desafectar, enajenar  ni ceder a particulares  para su explotación… con lo  cual se introducía un cambio profundo  al régimen jurídico de las minas, respecto  del vigente en el Código Civil y en el Código  de Minería.”  Queda  claramente   expuesta la preocupación  por la defensa de la soberanía  nacional y el reguardo en favor  del país de sus recursos naturales  frente a los intereses de las transnacionales  protegidas por la estrategia de las potencias imperialistas.

La reforma  constitucional  de 1994 fue obra  de las empresas transnacionales  que operan en nuestro país y el  Artículo  124  que  establece  el dominio  originario de  las Provincias sobre  los recursos naturales  existentes en su territorio,  su mayor triunfo. Ha sido uno  de los actos de traición más grandes.  Debilita el poder de negociación de los Estados,  coloca al país al borde de la desintegración y la  desaparición pues entran en contradicción leyes nacionales  con las provinciales y permite que Gobernadores actúen como verdaderos  señores feudales y crean y sostengan que esos bienes les pertenecen sólo  a ellos. La Nación Argentina existe por decisión y voluntad de los pueblos  de las Provincias, ya que éstas son preexistentes a la Nación como tal; y por  lo tanto, al aceptar las Provincias   conformar  la  Nación  Argentina,  los  recursos  naturales y  estratégicos existentes  en sus territorios le pertenecen  también a la Nación Argentina, es  decir, nos pertenecen a todos los argentinos,  no importa el lugar del país donde hayamos nacido,  son nuestros y somos nosotros, el pueblo argentino quien  debe decidir cómo explorarlos, desarrollarlos, en armonía con  la tierra y la naturaleza, utilizarlos en nuestro beneficio,  pero cuidándolos y preservándolos para que también puedan ser gozados  por las generaciones venideras.

Reitero:  Necesitamos un Estado  con capacidad de preservar y  defender nuestro territorio,  preservar nuestros recursos naturales,  y promover la producción nacional. Como  vemos este Estado existió alguna vez en Argentina  y tuvo consenso. El reto ha sido lanzado. De nosotros  depende el resultado a obtener porque como escribió nuestro  Manuel Ugarte “Los  pueblos  que esperan  su porvenir de  una abstracción legal  o de la voluntad de otros,  son de antemano pueblos sacrificados”  y como  bien sostuviera  el Dr. Gustavo Cirigliano  ““Cuando  un Imperio   proclama la paz  trae la guerra, cuando  exalta la solidaridad esconde  un ataque, cuando reclama adhesión  trama entrega y cuando ofrece amistad  distribuye hipocresía”